La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán ha implementado un nuevo modelo de gestión que ha permitido resolver hasta un 80% de las quejas en cuestión de semanas, lo que significa que los quejosos y agraviados en sus garantías individuales ya no tienen que esperar años para recibir una recomendación, que a menudo llegaba tarde. En la mayoría de los casos que se presentan ante este organismo constitucional autónomo, lo que se requiere es el cese inmediato de la vulneración a los derechos humanos.
El Ombudsperson de Michoacán, Marco Antonio Tinoco Álvarez, ha destacado que la justicia retardada es justicia negada, por lo que la Comisión ha implementado un nuevo modelo de gestión basado en cuatro grandes ejes: defensa, gobernanza, cultura y fortalecimiento institucional. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta a la ciudadanía y optimizar los recursos y los resultados específicos de este organismo.
En cuanto al eje de defensa, Tinoco Álvarez ha explicado que la CEDH acompaña a las personas que presentan una queja a donde corresponda y les auxilia en la gestión, y que una vez que se analiza la situación, se emite una medida cautelar para que la autoridad responda de inmediato o se procura la conciliación o aceptación parcial de las peticiones en la queja. Actualmente, entre el 75 y el 83% de los casos se resuelven a través de estos medios y se espera que para finales de 2023 se alcance el 90%.
El Ombudsperson también ha destacado la importancia del eje de cultura, en el que se realizan cursos, talleres y actividades de difusión tendientes a visibilizar temas y problemáticas que pasan desapercibidas, como las violencias en niñas, niños y adolescentes. Además, se realizan sesiones de capacitación a servidores públicos de diversas áreas para que desempeñen su labor apegados al respecto irrestricto de los derechos humanos.
Finalmente, Tinoco Álvarez ha invitado a la población y a los diversos órdenes de gobierno a tener confianza en la CEDH, ya que su objetivo esencial es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano, así como atender las quejas que interponen los ciudadanos en contra de actos de autoridades o servidores públicos que puedan violar un derecho humano.