El conflicto por los nuevos libros de texto gratuitos, cuya elaboración no cumplió con el proceso previsto, está en camino a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha negado a cumplir con las resoluciones de una jueza federal para suspender la distribución de los materiales, lo que ha generado controversia.
De acuerdo con abogados consultados, la suspensión definitiva otorgada por la jueza en favor de quienes cuestionaron el proceso de elaboración y la negativa de la SEP a acatar las órdenes judiciales abren la posibilidad de que el caso llegue a la SCJN.
La SEP violó la Ley General de Educación al imprimir los libros sin publicar previamente los planes y programas de estudio y sin realizar consultas con organizaciones civiles y padres de familia. Esto ha generado inquietudes sobre la legalidad del proceso de elaboración de los materiales.
Si la SEP no cumple con la suspensión dictada por la jueza, el asunto podría llegar a la SCJN para garantizar el interés superior de los niños y niñas. Los ministros de la SCJN serían quienes decidan si atraer el caso y podrían tardar meses en discutirlo.
La discusión sobre los libros de texto ha generado debate entre especialistas, políticos y ciudadanos, pero el enfoque legal se centra en el incumplimiento de la Ley General de Educación por parte de la SEP.
La suspensión definitiva dictada por el juez implica la detención temporal de la elaboración, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos, mientras se investiga si se violaron derechos humanos.
Antes de este juicio de amparo, asociaciones civiles presentaron recursos legales para impedir la eliminación de grados escolares y la evaluación de profesores a estudiantes, así como para evitar la prueba piloto de los materiales de la Nueva Escuela Mexicana. Estos fallos previos evidencian un patrón de conducta de la SEP en contraposición a la Constitución.
El interés central del conflicto es la protección de los derechos de las niñas y niños, su educación y el cumplimiento del interés superior en la toma de decisiones educativas.
Con información de Animal Político. Com