El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión (460 meses) en el Tribunal Federal Este de Brooklyn, Nueva York, tras ser hallado culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico. El juez federal Brian Cogan, quien estuvo a cargo del caso, también impuso una multa de 2 millones de dólares.
García Luna, de 56 años, fue uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y es la figura mexicana de más alto perfil en ser condenada en los Estados Unidos por corrupción vinculada al narcotráfico. Los fiscales del caso habían solicitado cadena perpetua para el exfuncionario, quien fue acusado de haber aceptado millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán. A cambio de estos sobornos, García Luna protegía a los narcotraficantes, facilitaba sus operaciones y garantizaba la impunidad en México.
Durante la audiencia, el juez Cogan describió a García Luna como el “ejemplo de una doble vida”. Subrayó cómo, mientras ejercía un cargo público y aparentaba ser un defensor de la ley, en realidad permitía que ocurrieran crímenes atroces bajo su protección. “Tuvo el mismo matonismo que el ‘Chapo’, solo que lo manifestó de forma diferente”, afirmó el juez, recordando la gravedad de las acciones del exfuncionario.
El fiscal principal del caso, Breon Peace, destacó que la sentencia era un hito en la lucha por la justicia y el estado de derecho, y envió un fuerte mensaje: “Nadie, independientemente de su posición o influencia, está por encima de la ley”.
García Luna fue sentenciado por los siguientes cargos: participación en una empresa criminal continua, conspiración para el tráfico de cocaína, conspiración para distribuir y poseer cocaína, conspiración para importar cocaína, y dar declaraciones falsas a las autoridades de EE.UU.
La caída de quien fuera uno de los hombres clave en la guerra contra el narcotráfico en México es vista como un claro reflejo de la complejidad y corrupción dentro del sistema de seguridad pública del país, evidenciando las profundas conexiones entre altos funcionarios y el crimen organizado.